EL GOVERN INSTA AL ESTADO A PERMITIR A CONSEJOS Y AYUNTAMIENTOS LIBERAR MÁS RECURSOS PROPIOS ANTE EL IMPACTO DE LA COVID-19. El Acuerdo reclama nuevas medidas para atender las necesidades actuales y la posterior fase de reconstrucción del sistema productivo.

El Govern insta al Estado a flexibilizar la aplicación de la regla de gasto para que consejos y ayuntamientos puedan disponer de los recursos de años anteriores a 2019. El Consell de Govern ha aprobado el Acuerdo por el que insta al Gobierno de España para que permita a las administraciones locales (consejos insulares y ayuntamientos).

Liberar más recursos propios provenientes de años anteriores y flexibilice la aplicación de la regla de gasto a estas administraciones, sin limitar el uso de estos fondos al 20 % del superávit de 2019, tal y como establecen las medidas estatales aprobadas hasta ahora para atender los gastos derivados de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El Govern reclama nuevas medidas para atender las necesidades actuales y también la posterior fase de recuperación y reconstrucción del sistema productivo.

Este acuerdo insta al Gobierno español a permitir a los consejos y a los ayuntamientos disponer de los recursos propios provenientes de superávits y remanentes de tesorería de años anteriores y a flexibilizar la aplicación de la regla de gasto a las administraciones locales en los casos que tengan remanentes o margen de endeudamiento para atender los gastos derivados de la gestión de la actual situación de emergencia extraordinaria.

Así mismo, reclama al Gobierno de España la modificación de las medidas adoptadas recientemente respecto al uso del superávit de 2019 de las administraciones locales, a las que queda limitado al 20 % de este saldo positivo, y que permita que los consejos y los ayuntamientos puedan destinar el 100 % del superávit del año pasado a los gastos previstos en la normativa aprobada, relativos a los servicios sociales y la protección social.

Además, el Govern de les Illes Balears insta al Gobierno de España a tomar nuevas medidas de flexibilización del uso de los recursos propios de las administraciones locales provenientes de años anteriores a 2019 y del alcance de su destino. En este sentido, también propone ampliar las finalidades de los gastos en función de las necesidades tanto en el ámbito social como económico, en ejercicio de las competencias propias de las administraciones locales, para mitigar los efectos de la crisis derivada de la COVID-19.

El Govern reclama, en este punto, nuevas medidas de flexibilización que posibiliten el uso efectivo de los superávits anteriores a 2019, particularmente en cuanto a la ampliación del alcance de las inversiones y la finalidad de los gastos, en función de las necesidades de los diferentes municipios e islas, tanto en el ámbito social como en el ámbito económico, con objeto de mitigar mejor los efectos locales e insulares resultantes de la crisis de la COVID-19 y atender la posterior fase de recuperación y reconstrucción del sistema productivo.

La consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación ya tiene definida la segunda medida del plan de choque para el sector primario ante la crisis provocada por el COVID-19. Se trata de una ayuda de 200.000 euros en total para cubrir la parte de gastos de funcionamiento de las lonjas de Palma y Eivissa y de los puntos de primera venta de Menorca y las Pitiusas. Así, se compensa la bajada de ventas hasta el mes de junio y se garantiza el buen funcionamiento y el abastecimiento adecuado para los consumidores.

La ayuda se nutre de fondos europeos de pesca, y a pesar de que todavía no está publicada, ya se ha comunicado al sector que se otorgará con efecto retroactivo desde el primer día decretado de estado de alarma y hasta el 30 de junio. También se le ha transmitido la decisión de que los beneficiarios de la ayuda sean estas lonjas y puntos de primera venta, debido al hecho de que son los más importantes a la hora de mantener en funcionamiento la cadena de comercialización de toda la producción pesquera en las Illes Balears.

Hay que destacar que en el mes de marzo, por ejemplo, la lonja de Palma ha bajado cerca de un 50 por ciento su volumen de ventas, comprometiendo gravemente su funcionamiento. Otros puntos de primera venta como Ciutadella también han bajado un 30 por ciento; o los de Sant Antoni y Formentera, también con un 50 por ciento cada uno.

Por otro lado, en el caso de la lonja de Palma se tiene que tener en cuenta que los costes de funcionamiento son de aproximadamente 50.000 euros mensuales. Por eso, la ayuda se establecerá teniendo en cuenta también la diferencia entre los volúmenes de venta de cada punto en los meses de marzo de 2019 y de 2020.

Por último, en una reunión esta mañana con técnicos de la Consellería, se ha empezado a definir también la ayuda de capital circulante que recibirán las embarcaciones que han continuado haciendo trabajo. En cuanto a las que han parado temporalmente o se quieren acoger a un ERTE, todavía se está pendiente de las instrucciones que se den desde el Ministerio, puesto que tiene que desarrollar la flexibilización que ha aprobado Bruselas.