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PIMEM alerta que la nueva regulación laboral impone más cargas innecesarias a las pymes de las exigidas por Europa y cuestiona que se haya hecho sin diálogo
La patronal considera que el nuevo Real decreto ley 39/2026 introduce nuevas obligaciones laborales que incrementan las cargas administrativas.
pimem.es 19/11/2026 - 18:09:45

PIMEM alerta que la nueva regulación laboral impone más cargas innecesarias a las pymes de las exigidas por Europa y cuestiona que se haya hecho sin diálogo

La patronal considera que el nuevo Real decreto ley 39/2026 introduce nuevas obligaciones laborales que incrementan las cargas administrativas, los costes y las dificultades organizativas de las pequeñas y medianas empresas y pide su retirada

PIMEM advierte que el retraso del Estado en la transposición de las directivas europeas no puede repercutir en las empresas en forma de más burocracia, costes e inseguridad jurídica. La patronal mallorquina defiende los objetivos de transparencia e igualdad retributiva, pero pide revisar las obligaciones que van más allá de las exigencias europeas y garantizar medidas de apoyo a las empresas de menor dimensión. La Federación también cuestiona que se haya hecho sin diálogo social, teniendo en cuenta que incluye medidas que además de innecesarias limitan el margen de la negociación colectiva, y reclama la retirada inmediata

La organización empresarial reclama que la transposición de las directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles e igualdad retributiva se haga con criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta la dimensión y los recursos de las empresas.

En este sentido, PIMEM advierte que el retraso del Estado en la transposición de las directivas europeas no puede acabar repercutiendo en las empresas mediante nuevas obligaciones, sin una evaluación previa de su impacto ni los recursos necesarios para facilitar el cumplimiento. La organización considera especialmente preocupando que algunas de las medidas aprobadas sean innecesarias o que vayan más allá de las exigencias mínimas europeas y puedan afectar especialmente las empresas con menos capacidad administrativa y técnica.

La nueva normativa recuerda la patronal introduce modificaciones relevantes en las relaciones laborales, como la compensación de las horas complementarias, nuevas limitaciones de los periodos de prueba y la ampliación de las obligaciones de información a las personas trabajadoras. También incorpora nuevas exigencias en materia de transparencia retributiva, como la información salarial en las ofertas de trabajo, la ampliación de los derechos de información sobre las retribuciones y los nuevos mecanismos de registro y seguimiento salarial.

Para su presidente, Jordi Mora, “la aplicación de estas medidas comportará adaptar procedimientos internos, sistemas de gestión de personal y mecanismos de información, con un impacto que puede ser especialmente perjudicial para las pequeñas empresas ya que no disponen de departamentos de recursos humanos como las grandes empresas”.

En cuanto a la igualdad salarial, PIMEM reitera su compromiso con el principio de igual retribución por trabajos iguales o de igual valor y defiende la necesidad de disponer de mecanismos efectivos para detectar y corregir cualquier discriminación.

Aun así, considera imprescindible que la normativa diferencie adecuadamente las situaciones de discriminación retributiva de las diferencias salariales justificadas por factores objetivos, como las funciones, las responsabilidades o la composición profesional de las plantillas.

En este ámbito, la Federación reclama revisar el tratamiento de las diferencias retributivas globales iguales o superiores al 5% y garantizar que las nuevas obligaciones de información periódica, que se extenderán a las empresas de 50 a 99 personas trabajadoras, se apliquen de manera proporcionada.

PIMEM recuerda que la misma Directiva europea de transparencia retributiva prevé una evaluación específica del impacto de su transposición sobre las empresas de menos de 250 personas trabajadoras. Por este motivo, pide en el Gobierno que haga pública esta evaluación y que garantice medidas efectivas de acompañamiento, formación y asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de las nuevas exigencias.


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